En el Perú, un egresado de una universidad o de un instituto técnico superior no cuenta con los conocimientos que le permiten desempeñarse satisfactoriamente en el mercado. Eso implica una serie de costos adicionales para las mismas, de lo cual hablamos con Diego Richard, director ejecutivo de Up Skills, quien también nos habla de qué se está haciendo para equiparar esa brecha.
Actualmente, el sector minero energético peruano destina una gran cantidad de recursos a reentrenar a sus nuevos trabajadores, quienes egresan de las universidades e institutos técnicos superiores sin contar con las capacidades técnicas mínimas que esta industria exige.
De acuerdo al informe “Fuerza Laboral Minera del Perú 2018” de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y Fundación Chile, se estima que dicho sector gastaría 20,3 millones de dólares por concepto de contratación de nuevos trabajadores y reemplazos por rotación entre el 2019 y el 2029[1].
De este monto, 5,1 millones de dólares se destinarían a las horas requeridas para el entrenamiento técnico y de seguridad; mientras que otros 5,5 millones serían consecuencia de la rotación laboral. Los otros 9,7 millones se explican por costos de contratación.
Diego Richard, director ejecutivo de la consultora Up Skills, fue uno de los gestores del informe, pues en ese entonces fue director de Fuerza Laboral del Centro de Desarrollo Humano de la Fundación Chile.
Él considera que en el Perú tenemos lo que llama un “pecado original”: la falta de competencia de los trabajadores.
“En Perú tenemos un atraso significativo en calidad y pertinencia del sistema formativo y de capacitación. Eso genera problemas de productividad a la minería y pérdida de valor. Y esto se debe a que actualmente el Estado es quien define el currículo de las universidades e institutos técnicos, sin tener conocimiento de las necesidades de los sectores productivos, que son los que demandan de los profesionales”, señaló.
Esta es una gran diferencia con la forma cómo se trabaja en otros países mineros que están a la vanguardia respecto del Perú, como es el caso de Canadá y Australia.
“Desde hace más de 35 años, en países como Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Austria, y luego replicados en Canadá y Australia, hay un acuerdo histórico público – privado para contar con un sistema de aprendizaje y mejorar la calidad de los profesionales. En ese acuerdo se basa la productividad de esos países”, sostuvo.
Nuevo paradigma
A raíz del informe mencionado, y frente a este serio problema de baja productividad, el Gobierno peruano empezó a impulsar el cambio de modelo de calificaciones y, en ese sentido, adoptó una nueva herramienta: el Marco Nacional de Calificaciones para el Perú (MNCP).
El MNCP trabaja de la mano con el sector privado con el objetivo de tener profesionales más capacitados y preparados para permitir a las industrias modernizarse más.
“Hace 3 años la minería y el agro hicieron un piloto con el BID y ese piloto sirvió de inspiración para la nueva política pública. La minería fue vital para el diseño de esta nueva política para el Perú, que hoy se comienza a implementar”, manifestó.
“Para lograrlo, el Estado, quien financia esta iniciativa, convocó a los sectores productivos y se crearon los Consejos Sectoriales de Competencia, entre los cuales está el Consejo Sectorial de Minería”, explicó.
Desde Minergy Connect, apostamos por esa conexión entre el sector privado y el Estado en beneficio de una mejor educación, para que nuestros profesionales se encuentren mejor preparados para los desafíos de hoy, en los que la tecnología es una protagonista excluyente y requiere de profesionales que la entiendan mejor y se adapten a los nuevos softwares y, en general, al proceso de transformación digital.
“La minería está haciendo, de esta forma, un aporte a la formación para el trabajo y la productividad del país”, concluyó Richard.
[1] https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/09/estudioperu.pdf
